César Acuña sobre sentencias a exalcaldes de su partido: “Los corruptos son ellos y bien merecido la cárcel”

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, se refirió a las sentencias por corrupción de algunos exalcaldes distritales de su partido, como son los casos de Carlos Vásquez Llamo de Víctor Larco y Roger Quispe de Moche, que están prófugos de la justicia. 

“Los corruptos deben estar en la cárcel, yo no sé por qué el Poder Judicial no los captura. No por la culpa del alcalde de La Esperanza, por el alcalde de Víctor Larco, por el alcalde de Moche van a echarme la culpa a mí; los corruptos son ellos y bien merecido la cárcel”, declaró ante un numeroso grupo de militantes desde su local partidario. 

Asimismo, advirtió que todos aquellos alcaldes que estén comprometidos en actos de corrupción serán expulsados de su organización política. Carlos Enrique Vásquez Llamo, exalcalde del distrito de Víctor Larco, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel en 2021 por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada. 

Caso Carlos Vásquez Llamo 

Todo se remonta al 2010 cuando la empresa Edicas SAC era responsable de construir un muro de contención por los oleajes anómalos en la playa de Buenos Aires, pero ,de manera fortuita, decidió rescindir el contrato y la municipalidad no determinó responsabilidades. Esto causó un gran perjuicio económico al Estado. 

El hermano de Carlos Vásquez, Gustavo Vásquez Llamo, salió en su defensa y alegó que la sentencia se debe a una venganza política de funcionarios que fueron despedidos durante la gestión y que César Acuña no conoce el caso. 

“Cuando el caso cae en manos de gente politiquera, ellos usan esa denuncia para vengarse políticamente de él porque él despidió a sinvergüenzas de la municipalidad, ya es una venganza política”, declaró a Latina Noticias Trujillo. 

Con respecto a Roger Quispe Rosales, exalcalde del distrito de Moche, él fue condenado en 2019 a cinco años de cárcel por el delito de negociación incompatible al suscribir un contrato con una empresa sin la aprobación del concejo municipal y generando un perjuicio de más de 90 mil soles al Estado.