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¿Cuántas veces al día recibes llamadas de distintas empresas que ofrecen venderte un servicio? En Arriba Mi Gente nos planteamos esta interrogante y recorrimos los distritos de Lima para conocer la opinión de los peruanos.

Pese a que existe una ley que prohíbe las llamadas y textos spam, el Ejecutivo decidió observar la ley porque, según consideran, esta iniciativa legislativa afecta la libertad de empresa, y podría costar el empleo a 20 mil jóvenes trabajadores de call center.

Según el portal Truecaller, Perú se ubica en el segundo lugar de la lista de países con mayor acoso telefónico. Nuestro país se ubica solo por detrás de Brasil y por encima de Ucrania, India, México e Indonesia.

“Al día recibo entre 5 y 6 llamadas de bancos y otras empresas que me ofrecen servicios. Quieren que acepte tarjetas de crédito, prestamos o afiliaciones a clubs”, explicó un transeúnte ante la pregunta que planteó sobre el tema un equipo de Arriba Mi Gente.

“No solo molestan en horario de trabajo, también lo hacen los fines de semana. No tenemos descanso”, agregó otra persona con gran preocupación. “Los bloqueo, pero me vuelven a llamar de un número distinto”, señaló una señora cansada de esta situación.

¿Qué es una llamada Spam o acoso telefónico?

Una llamada spam, también conocida como llamada no deseada o llamada telefónica no solicitada, es una llamada indeseada o no autorizada que se recibe en un teléfono móvil o fijo. Estas llamadas suelen ser realizadas de forma masiva y automática por empresas o individuos con fines publicitarios, comerciales o fraudulentos.

Las llamadas spam pueden tener diferentes propósitos, como promocionar productos o servicios, realizar estafas telefónicas, recopilar información personal o realizar actividades ilegales. A menudo, las llamadas spam intentan engañar o presionar al receptor para que realice alguna acción, como proporcionar datos personales, realizar compras o transferir dinero.

Algunas formas comunes de llamadas spam incluyen ofertas de seguros, préstamos, productos milagrosos, encuestas engañosas, suplantación de identidad y fraudes relacionados con servicios gubernamentales o financieros.