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Esta semana, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, se reunirá con una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, para denunciar ante ellos las graves vulneraciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas por parte del Estado peruano, por acción u omisión.

La primera de estas reuniones se realizará el miércoles 23, en Cusco, donde dirigentas y lideresas de las bases de ONAMIAP dialogarán con una delegación de ACNUDH y le entregarán información sobre la situación de las mujeres indígenas con respecto a derechos como la salud y la educación interculturales, incluyendo el recorte o desaparición de número de plazas para la contratación de docentes de educación Intercultural Bilingüe.

Además, se expondrán los casos de vulneraciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado; derechos de la madre naturaleza y se evidenciará las formas de despojo territorial a comunidades indígenas andinas y amazónicas.

Dos días después, el Viernes 25, lideresas y dirigentas de ONAMIAP se reunirán con el relator Marcos Orellana, a quien expondrán las demandas y afectaciones ocasionadas por la imposición de actividades extractivas en sus territorios y sus impactos producidos por los relaves mineros y los derrames petroleros, el transporte de minerales, las plantas de tratamiento y otras actividades, que envenenan la sangre y los territorios de los pueblos y las mujeres indígenas.

En ambas reuniones, los representantes de la ONU recibirán el “Informe sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, realizado por (ONAMIAP), con el apoyo de su base la Federación de Mujeres Indígenas de la provincia de Atalaya (FEMIPA) y de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), el cual expone la desprotección del Estado a las comunidades indígenas, al no garantizar el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.

Ante el despojo territorial y el desarrollo de actividades ilegales en los territorios de estas comunidades (tala ilegal y sembríos ilícitos de coca), la respuesta del Estado ha sido deficiente debido a la ausencia de voluntad política, escasez de recursos y personal, esfuerzos desarticulados, falta de sanciones y casos de corrupción por parte de algunos funcionarios, lo que promueve la percepción de impunidad.

Otro grave problema que enfrentan las comunidades indígenas comprendidas en el informe es el establecimiento de lotes petroleros y concesiones mineras en sus territorios, con concesiones otorgadas por el Estado sin garantizar el cabal ejercicio de los derechos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado territorios. Esto genera diversos conflictos e impactos en su salud (sustancias tóxicas en la sangre), culturales, sociales y ambientales, lo cual constituye un peligro para su soberanía alimentaria y para su propia subsistencia como comunidades.

Con estas acciones, ONAMIAP y sus bases organizativas refuerzan la incidencia internacional para el logro de su objetivo fundamental: que el Estado garantice el ejercicio pleno y efectivo de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas.