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De la desazón al apuro, el camino de Keiko Fujimori a prisión empezó a escribirse el 10 de octubre pasado, con una detención que acabó temporalmente y que el miércoles 31 convirtió un día de fiesta en su peor pesadilla.

 

La lideresa de Fuerza Popular terminó rodeada de policías, cruzada de brazos, observando con el rostro desencajado al juez Richard Concepción Carhuancho dejar la sala antes que ella.

 

Luego de la sentencia que el magistrado leyó durante casi ocho horas, Keiko y su esposo Mark Vito Villanella se abrazaron. Él estaba emocionado y ella parecía no entender lo que ocurría.

 

En las afueras del juzgado, en el Cercado de Lima, decenas de policías abrían paso al auto donde viajaría esposada. Eran casi las 6 de la tarde.

 

Minutos después, la cabeza de Fuerza Popular llegaba a Palacio de Justicia para cumplir los 36 meses de prisión en los que la fiscalía la investigará por presuntamente liderar una organización criminal que lavó 1 millón de dólares para su campaña presidencial del 2011.

 

Caía la noche y la luz de un helicóptero policial mientras dos pequeños bandos lanzaban arengas sin mayor eco. Giuliana Loza, abogada de Fujimori, recogía una casaca y una ropa de dormir para su clienta. Y así, el mes de octubre acabaría con Keiko tras las rejas.

 

Carlos Tubino fue elegido vocero y tras recibir una nueva solicitud de licencia, la bancada se quedaba sin banca. Los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva del Congreso se sumaban así al mensaje de independencia aún en tiempos de crisis que días atrás había dado el también fujimorista Daniel Salaverry, quien por cierto, al día siguiente perdería así los papeles con una copartidaria. La razón: la votación para hacer público el informe del Caso Lava Jato.

 

El martes, una acongojada Lourdes Alcorta informaba que el chat de La Botica, al que muchos consideran clave para que Keiko Fujimori terminara tras las rejas, había sido desactivado.

 

Un día antes, Keiko Fujimori defendía a su asesora Ana Herz. Amiga desde que Keiko era primera dama, Ana Herz lanzaba también una declaración que parecía premonitoria.

 

“No es posible que sea tan fácil privar de la libertad. No es posible que el fiscal diga que tenemos que estar 36 meses en la cárcel para que él pueda trabajar tranquilo”, expuso Herz.

 

Entonces llegaría la decisión de Concepción Carhuancho y el sismo se intensificó con las palabras del fiscal Domingo Pérez, quien cuestionaba la permanencia de Pedro Chávarry al frente del Ministerio Público.

 

La bomba había sido plantada en su propia institución. Pérez exigía con voz templada la renuncia de su superior. Pedro Chávarry respondía por Twitter que el interés de su subordinado era político y coordinado con el Gobierno. Otro efecto colateral de los últimos días de nuestra política.

 

Al día siguiente, Keiko fue llevada en caravana policial al penal anexo 2 de Santa Mónica, en Chorrillos, donde desde entonces ha recibido a sus congresistas, ha oído a lo lejos a exacerbados militantes y esperó a su madre, su hija mayor y algunos hermanos.

 

Hace 18 años la política se abrió camino en su vida. Hoy, según su padre Alberto, esa misma política la ha llevado tras las rejas. Parece una maldición familiar: el poder puede ser también una prisión.