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BOGOTÁ, 26 jul (Reuters) – El próximo gobierno de Colombia debe priorizar el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las bandas criminales, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) conocido el martes, mientras el aumento de la violencia devasta comunidades rurales.

La violencia en Colombia se redujo drásticamente tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero los grupos armados y criminales han ampliado su presencia en los últimos dos años, reseña el informe de la ACNUDH.

Aunque la organización verificó los asesinatos de 100 líderes comunitarios en Colombia en 2021, recibió informes de 114 incidentes de este tipo en la primera mitad de este año, de los cuales verificó 22, señaló el reporte.

«La respuesta del Estado, principalmente militar, no ha conseguido frenar la expansión de los grupos, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado la situación», dijo la ACNUDH en un comunicado que acompaña al informe.

El gobierno del presidente Iván Duque, cuyo mandato finaliza el próximo mes, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Enfrentar la violencia y la presencia de grupos armados debería ser una prioridad para Gustavo Petro, un economista de 62 años que se convertirá el 7 de agosto en el primer presidente de izquierda de Colombia.

Además de implementar el acuerdo de paz de 2016, Petro debe disminuir y desmantelar las estructuras armadas ilegales, que incluyen grupos disidentes de las FARC que rechazan el acuerdo y bandas de narcotraficantes, así como consolidar la presencia estatal en las zonas más afectadas por la violencia.

Petro se ha comprometido a implementar plenamente el acuerdo de paz de Colombia de 2016 con la guerrilla desmovilizada de las FARC y ha propuesto conversaciones con el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos criminales vinculados al narcotráfico.

El Estado debe proteger a la población de la violencia de una manera que respete el derecho internacional de los derechos humanos, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el comunicado.

«El enfoque del Gobierno entrante sobre la paz total y la implementación regional del acuerdo de paz es un enfoque sólido que mi Oficina apoya», dijo Bachelet.