La defensa legal del presidente Pedro Castillo no se queda de brazos cruzados tras la denuncia constitucional en su contra, efectuada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tal y como lo hizo anteriormente, el abogado Benji Espinoza presentó una tutela de derechos.
El requerimiento del abogado del mandatario se hizo ante el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria. Con esto, se busca anular la denuncia realizada por la titular del Ministerio Público, en la que acusa a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
«Estamos pidiendo al juez que haga un control de la decisión que él ya dio en la tutela del caso Tarata, para que fulmine esta denuncia constitucional y la deje sin efecto», refirió el abogado, quien hizo referencia a la sentencia del magistrado en el caso Puente Tarata III.
En junio de este año, Checkley respaldo la decisión del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de investigar preliminarmente al jefe de Estado por presuntos actos de corrupción. No obstante, se pronunció en contra de que la Fiscalía pudiera denunciarlo constitucionalmente ante el Parlamento.
«Le dijo a la Fiscalía que no pueden ni formalizar, ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede ni siquiera tramitar una acusación constitucional contra el presidente de la República por fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución», expresó Espinoza.
De acuerdo a la defensa de Castillo, la audiencia de tutela de derechos podría llevarse a cabo en una semana. Asimismo, dio a conocer que, además de esta medida, presentarán un amparo y estarían evaluando acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El abogado del presidente Pedro Castillo aseveró que, hasta el momento, no existen pruebas contra el mandatario en la investigación por los presuntos delitos que se le imputan, sino que hay elementos de convicción que llevaron a la Fiscalía a presentar la denuncia constitucional.
“No hay ninguna prueba contra el presidente Castillo, porque la ley dice que la prueba es únicamente producida en el juicio y nunca antes. Lo que hay es un conjunto de elementos de convicción que han llevado a la Fiscalía a decir: ‘Voy a buscar que el Congreso me autorice para formalizar la investigación’”, manifestó en Sin Medias Tintas.
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