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BOGOTÁ, 1 ago (Reuters) – La Fiscalía General de Colombia anunció el lunes que volverá a solicitar a un juez archivar una investigación por supuesto fraude y soborno contra el expresidente Álvaro Uribe, en el más reciente capítulo de un controvertido caso de largo tiempo.

Uribe y varios aliados son investigados por denuncias de haber manipulado testigos en un intento de desacreditar las acusaciones de sus supuestos vínculos con paramilitares de ultraderecha.

El expresidente, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, ha negado las acusaciones.

En abril pasado, una juez se negó a precluir la investigación contra el influyente político, por lo que deberá ir a juicio, pese a que la Fiscalía había pedido hacerlo previamente.

Una eventual condena en el caso podría significar una pena de prisión de hasta 12 años para Uribe.

«Con relación a la investigación que se sigue contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal (…), fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del circuito de Bogotá, quien negó la solicitud de preclusión de la investigación solicitada previamente», dijo un comunicado de la Fiscalía General.

El organismo detalló que el equipo del fiscal Javier Cárdenas tomó 14 declaraciones, interrogó a Uribe y realizó análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras pesquisas.

«El fiscal de conocimiento, con plena autonomía e independencia, y atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva», agregó.

Cárdenas presentará la información en una eventual audiencia, señaló el comunicado.

El caso deriva de una acusación de Uribe contra el senador izquierdista Iván Cepeda en 2012 de orquestar un complot para vincularlo con los paramilitares.

Pero en 2018 la Corte Suprema dijo que Cepeda había recopilado información de excombatientes como parte de su trabajo y no les había pagado, mientras que Uribe y sus aliados fueron quienes presionaron a los testigos.

El abogado de Uribe no pudo ser contactado de inmediato para comentar la decisión del fiscal, mientras que la oficina de Cepeda dijo que aún no tenía comentarios.