Bolivia: arresto de gobernador de Santa Cruz aviva temores de ciclo de venganza política

4 ene (Reuters) – El arresto de una destacada figura de la oposición boliviana ha provocado críticas de grupos de derechos humanos y ha puesto de relieve cómo tanto la derecha como la izquierda del país han utilizado un sistema judicial débil para perseguir a los opositores.

La policía arrestó el 28 de diciembre a Luis Camacho, el gobernador de la provincia agrícola de Santa Cruz y un bastión de la oposición, por cargos de terrorismo relacionados con lo que las autoridades llaman un golpe de estado en 2019 contra el entonces líder izquierdista Evo Morales. Camacho niega las acusaciones.

El arresto de Camacho ha provocado protestas que se prolongan por una semana por parte de sus partidarios, cuyos continuos bloqueos de carreteras podrían entorpecer el movimiento de alimentos y granos.

Camacho, un acérrimo opositor al partido socialista MAS de Morales, se une a una larga lista de líderes en Bolivia de ambos lados del espectro político que han sido encarcelados o amenazados de encarcelamiento.

«Hemos visto en el pasado cómo el tipo penal de terrorismo se ha usado por gobiernos de izquierda y de derecha en Bolivia como un instrumento para la persecución de opositores», dijo César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch, con sede en Washington.

Hubo una justificación «muy frágil» para la prisión preventiva de Camacho y el uso de una definición «muy amplia» de terrorismo, agregó Muñoz.

Como líder cívico en 2019, Camacho encabezó protestas contra Morales, cuyo partido ahora está nuevamente en el poder bajo la presidencia de Luis Arce. Morales había obtenido un cuarto período en el poder desafiando los límites de mandato y un referendo en contra de que se le permitiera postularse.

El Gobierno de Bolivia dice que Camacho debe enfrentar a la justicia por lo que llama un golpe de estado contra Morales, quien renunció bajo presión cuando se extendieron las protestas de 2019, la policía se amotinó, luego grupos sindicales y finalmente el ejército lo instaron a renunciar.

«No nos mueve el odio ni la venganza. Lo que nos mueve es un deseo inquebrantable de justicia en el país», dijo Arce en 2021. La semana pasada, el fiscal general dijo que el caso contra Camacho había seguido el debido proceso y no era «persecución política».

Sin embargo, los analistas internacionales apuntan una tendencia de los gobiernos bolivianos a utilizar el sistema de justicia para atacar a los opositores.

El Gobierno interino de derecha de Jeanine Añez, quien asumió el poder tras la renuncia de Morales, emitió una orden de arresto contra el líder izquierdista por acusaciones de sedición y terrorismo. También detuvo a funcionarios, incluido su ministro del Interior.

El gobierno de Arce, que ganó las elecciones de 2020, procesó a la propia Añez por cargos de terrorismo relacionados con su asunción del poder. Estuvo en prisión preventiva durante más de un año antes de ser sentenciada a 10 años de cárcel en 2022 en el caso del golpe.

Marco Pumari, un líder cívico que postuló sin éxito con Camacho en las elecciones de 2020, también se encuentra en prisión preventiva por cargos de incendio provocado durante las protestas de 2019.

El Ministerio de Justicia de Bolivia no respondió a las solicitudes de comentarios.

«PERSISTENTE DISFUNCIÓN»

El poder judicial del país es ampliamente visto como débil. El índice de Estado de derecho de 2022 del World Justice Project clasificó a Bolivia en el puesto 130 entre 140 países en general, en el puesto 135 en términos de corrupción judicial y en el puesto 139 en justicia penal, solo por delante de Venezuela.

«La persistente disfunción del poder judicial lo ha convertido en un arma política», dijo V. Ximena Velasco-Guachalla, profesora de la Universidad de Essex.

En un informe de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que estaba preocupado por los «casos de injerencia política y corrupción» en el poder judicial de Bolivia, que, según afirmó, estaba debilitado por la falta de fondos y los nombramientos a corto plazo de jueces y fiscales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un día después de la detención de Camacho, condenó «la intensa instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión de pensamiento y la privación de la libertad arbitraria de personas por razones políticas en la región». No mencionó directamente a Bolivia.

Algunos temen que más figuras de la oposición puedan enfrentar un destino similar.

«Si el gobierno se logra salir con la suya, el próximo año vamos a tener posiblemente a otros líderes también presos», dijo Raúl Peñaranda, periodista boliviano y defensor de la libertad de prensa.